La oligarquía terrateniente. 2020

 20 de Junio de 2020

La oligarquía terrateniente

En nuestro país solemos mantener encendidas discusiones sobre temas que ya han caducado hace décadas y que se instalan en la sociedad recurrentemente como si aún la situación estuviese vigente.

Encendidos debates sobre la tenencia de tierras, soberanía territorial, latifundistas feudales y perversos permanentemente vuelven a escena una y otra vez sin un verdadero análisis de la realidad actual.

Muchos de esos latifundistas de familias patricias de hace un siglo, luego de varias generaciones, han ido atomizando sus propiedades y desvaneciéndose como tales, fundamentalmente por la legislación de herencia forzosa que rige en nuestro país, sin embargo son aún parte de la discusión general a pesar de que como tales se han extinguido.

El escenario de una actividad productiva cada vez mas exigente en eficiencia para poder competir y además superar la creciente presión fiscal sobre el sector que afecta negativamente esa eficiencia, ha generado con el correr de las décadas una nueva redistribución y concentración de tierras, donde muchos pequeños productores han vendido sus propiedades incrementado el éxodo a las periferias de las ciudades, siendo en las zonas marginales mucho mas fuerte ese proceso, especialmente por la inexistencia de políticas de largo plazo en las economías regionales, que fueron en la mayoría de los casos abandonadas a su suerte. La modificación de la unidad económica rentable (tamaño de productor) se va incrementando año a año. Es importante visualizar que esto lamentablemente también sucede en otras áreas de la economía, tanto en la cadena comercial, como en los procesos industriales y hasta en el mundo financiero, la concentración es evidente.

Se diluyeron los terratenientes históricos y se generaron nuevas concentraciones de tierra fundamentalmente por los groseros errores de planificación del sector por parte del estado quien no sólo no apoyó a los pequeños productores sino que a través de una presión fiscal sin límites los condenó al éxodo; a esto debe agregarse la falta absoluta de inversión en educación, salud, vivienda y servicios en las zonas rurales, concentrando esos recursos en las zonas urbanas exacerbando aún más la migración interna.

El círculo vicioso se inicia con el abandono de las zonas rurales por parte del estado en lo referente a infraestructuras, presión fiscal ascendente, falta de incentivo a la inversión, venta de tierra, éxodo, concentración de infraestructuras en las ciudades para recibir el emigrante rural, finalmente zonas rurales con cada mes menos densidad poblacional, envejecidas (generalmente el emigrante es gente joven) y las ciudades desbordadas y colapsadas en sus servicios.

Aclaro al lector que este proceso lleva varias décadas, para evitar cualquier análisis político sobre el tema.

Como dato ilustrativo la superficie media por productor del país es de 627 has (fuente: CNA 2018) y una información que muchos no conocen, el 20 % de las explotaciones de nuestro país son dirigidas por mujeres.

El primer concepto erróneo es la tierra como elemento de producción en sí misma, generalmente basados en el mito urbano de la productividad de nuestros suelos por mandato divino, donde en un suelo generoso, miles de toneladas de biomasa son producidas por generación espontánea.

Cada tanto, ideas de reformas agrarias y redistribución de la tierra aparecen como grandes debates nacionales, como si el solo hecho de tener una parcela garantizara la generación de recursos.

Producir, es algo mucho más complejo que tener un campo, requiere de conocimiento profundo de la actividad, mucho esfuerzo y sudor, capital de trabajo suficiente y una inteligencia emocional propia de la actividad.

Pensar que por el solo hecho de disponer de tierra se es un productor agropecuario es como asumir que porque me regalan un violín puedo tocar en la sinfónica del Colon.

El concepto delirante es sacarle la tierra a un productor para dársela a alguien que no sabe ni puede producir. Le sacamos el violín al músico de la sinfónica del Colón para dárselo a alguien que no sabe tocar el violín.

La absurda simplificación de la actividad productiva agropecuaria por parte de la clase dirigente vuelve a mostrar una y otra vez la ignorancia supina que la misma tiene sobre el sector. En los ochenta el entonces canciller Dante Caputo definió al sector como una “oligarquía semianalfabeta”, una muestra evidente del error de percepción de la clase dirigente urbana sobre nosotros.

No sólo no somos semianalfabetos, sino que mas de un treinta por ciento de los productores tienen nivel terciario y/o universitario y en la inmensa mayoría de los casos educan a sus hijos de manera de tal de mejorar su conocimiento y profesionalismo hacia el futuro. Desde las escuelas agro-técnicas que son un motor fundamental en la educación del joven rural, pasando la formación terciaria y universitaria en agronomía, veterinaria, administración y economía rural, nutrición animal, ingeniería forestal, enología, por mencionar sólo algunas de las áreas mas relevantes. Es importante entender que la mayoría de los emprendimientos agropecuarios son empresas familiares.

Pensar que darle tierra a alguien que no conoce la actividad lo transforma en productor agropecuario es lo mismo que asumir que, si mañana el estado me da un avión me transformo en piloto. Un disparate absoluto que confirma una vez más el desconocimiento de nuestra dirigencia sobre la materia.

No somos una actividad extractiva, generamos producción a partir de la combinación de tecnología, trabajo y capital, con importantes niveles de riesgo y sin ningún tipo de apoyo estatal organizado, en realidad es el sector el que subsidia la ineficiencia estatal. Transformamos energía solar en biomasa a través de un proceso que todos vieron en la escuela, fotosíntesis.

Solo para que el lector tengo una idea de magnitudes, un productor de ajo de Mendoza requiere para producir 50 (cincuenta) hectáreas de ajo un capital de trabajo de 150.000 dólares (a noviembre de 2019), además del equipamiento agrícola, recurso humano y conocimiento que debe disponer. Como otra referencia, un productor algodonero del Chaco para la misma superficie necesitaría unos 35.000 dólares, traten de comprender la magnitud del capital de trabajo que cada año el sector agropecuario arriesga en las 37.000.000 de has que mantiene bajo producción.

Como he planteado en otros escritos, hay un grosero error en mezclar la superficie de una propiedad agropecuaria con su productividad.

¿Quién no ha escuchado el típico comentario de un habitante urbano viajando por nuestro país haciendo referencia a los miles de hectáreas incultas que atraviesa en su viaje?

Ese preconcepto parte recurrentemente del mismo error común y es pensar que toda tierra es productiva en sí misma y eso no es así. Hay millones de hectáreas que no tienen la capacidad de ponerse en producción por sus limitaciones de suelo o clima y otras tantas por la falta de inversores con suficiente capital para ponerlas en marcha.

Otro fantasma habitual es la extranjerización, algo que en un país netamente de inmigrantes suena, al menos, extraño.

Una y otra vez los gobiernos de turno buscan desesperadamente inversión extranjera en infinidad de áreas, casi como política de estado. Sin embargo ninguno de ellos, no sólo no abre las puertas a la inversión extranjera en tierras si no que legisla para cerrarla, de hecho hoy está fuertemente restringida bajo la ley 26.737 con el extraordinario nombre de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras.

En este punto quiero remarcar que el extranjero no sólo tiene restricciones para adquirir tierras, sino además no puede arrendarlas ni tener acceso a ellas bajo ninguna forma que implique posesión extranjera.

Podríamos aplicar una legislación similar a los bares y restaurantes de los españoles o a las tintorerías de japoneses o tal vez a los supermercados de los chinos, al fin y al cabo son propietarios de un pedazo de nuestra patria también.

Como dato ilustrativo sólo el 6.09% de las tierras rurales está extranjerizada (fuente: Dirección Nacional de Tierras Rurales) aunque en el imaginario popular la percepción es infinitamente mayor.

No debemos olvidar que estamos hablando de propiedad privada. ¿Qué sucedería si mañana se legislara para que la gente no pueda vender su casa u otro tipo de propiedad a un extranjero en defensa de la soberanía nacional?

En realidad, si el Estado está dispuesto a intervenir en la redistribución de tierras, propongo una idea que considero superadora y es ir directamente contra el mayor terrateniente de nuestro país de una vez por todas y hacer una verdadera reforma agraria.

Ese verdadero terrateniente latifundista es... el Estado, tanto en su versión Nacional como Provinciales. Cuatro millones de hectáreas ociosas (una superficie mayor al total del territorio de la provincia de Misiones), se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la Patria. Esta superficie no incluye parques nacionales, áreas mineras y urbanas, sólo tierras rurales.

Si se pretende darle tierra a la gente, de esta manera no hay que afrontar la litigiosidad y costo de expropiación alguna, ni interferir con la propiedad privada de nadie, se logra el cometido de que todos tengan tierra y produzcan y todos felices y contentos.

Generemos entonces un listado de interesados en radicarse en las diferentes latitudes de nuestro país y considerando que no son productores consumados, instruyámoslos en el arte de la producción agropecuaria, que se les dé crédito para adquirir el equipamiento necesario en maquinarias y el capital de trabajo y a producir se ha dicho!!!

No era tan difícil la solución, si nuestros gobernantes consideran la tierra como fuente de riqueza y producción y son uno de los principales terratenientes de la Nación, que comience a repartirlas.

Sólo en el hipotético y extraordinario caso de que no haya suficientes interesados en ir al interior profundo a poner el esfuerzo necesario para la explotación de toda esa tierra, sugiero, como alternativa, dar prioridad a los productores actuales, hijos de productores, profesionales del agro, cooperativas agropecuarias, ONG rurales y pueblos nativos donde la agricultura sea parte de su cultura.

Si queremos debatir una verdadera reforma agraria comencemos por aquí, es mucho más sencillo y de puesta en marcha inmediata, para que seguir esperando.

Pero hay otro detalle interesante para analizar, el estado además de ser terrateniente latifundista es el productor agrícola de mayor envergadura de toda la Nación.

Seguramente todos habrán oído hablar de las retenciones, esencialmente son un impuesto que recauda el estado nacional sobre las exportaciones del campo, que no coparticipa con las provincias.

Hagamos un sencillo ejercicio, un productor de algún lugar de nuestro país siembra 100 has de soja. Aporta la tierra, la maquinaria, el trabajo, el capital y obviamente corre el riesgo productivo. Por tratarse de soja, las retenciones que deberá abonar por lo producido equivalen hoy al 33 %. Para hacer el ejercicio mas sencillo, la producción obtenida en 67 has son del productor y la de las otras 33 van a las arcas estatales.

Si llevamos esto a escala nacional, según los datos de siembra de la campaña 2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ese año se sembraron 17,2 millones de hectáreas de soja (33 % de retenciones=5.670.000 has), 6,8 millones de hectáreas de trigo ( 12 % de retenciones= 816.000 has), 7,2 millones de hectáreas de Maíz (12 % de retenciones= 864.000 has), 1,8 millones de hectáreas de girasol ( 7 % de retenciones= 126.000 has), 1.100.000 hectáreas de cebada (12 % de retenciones=132.000 has) y 700.000 hectáreas de sorgo (12% de retenciones=84.000 has).

Para evitar que el lector tenga que hacer cálculos, el sector agrícola privado sembró en ese período 34.800.000 hectáreas y el Estado argentino se llevó el total de la producción de 7.698.000 has. Si consideramos además que nuestro país siembra otros 2,6 millones de hectáreas con cultivos industriales, hortalizas y bosques implantados estamos, según el último Censo Nacional Agropecuario en unas 37.411.993 has en producción agrícola (esto no incluye la ganadería) por lo que proporcionalmente el estado nacional recibe el total producido sobre 20,5 % de la superficie sembrada.

Groseramente resumido, el estado tiene en propiedad unos 4 millones de hectáreas y se lleva la producción de 7.698.000 has, es decir controla 11.698.000 has.

En este análisis no tengo en cuenta ningún otro tipo de impuestos ya que son propios de toda actividad económica, sea o no agropecuaria, sólo me baso en las retenciones específicas del sector.

Como podrán observar no es un cálculo demasiado complejo, solo muestra cuantas hectáreas cada uno de los que producimos entregamos a la Nación cada año.

La pretensión de este escrito no es otro que tratar de separar los discursos políticamente correctos de la realidad en que vivimos, ya que es muy difícil poder encontrar soluciones si no se conoce la realidad.

Ingeniero Daniel Tardito

Productor agropecuario de la provincia de Mendoza.

Prof. Universitario de Planeamiento Agropecuario, UB.